Reformulación del Instituto Agrario Dominicano: Más allá de la fusión institucional

Más que una actualización normativa, el proceso de fusión del Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura requiere una reformulación integral del modelo que actualmente rige la institución. La Ley 5879-62, como ordenanza jurídica de alto valor conceptual, establece un marco normativo que sigue siendo fundamental para el desarrollo rural.

A lo largo de diversas gestiones, se han analizado propuestas de reforma agraria que, hasta ahora, no se han concretado, sin que se haya esclarecido si las dificultades obedecen a falta de recursos o a resistencia política. En repetidas ocasiones se ha intentado replicar el modelo aplicado en Costa Rica con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), un esquema de éxito comprobado. En 2022, la actual administración del IAD intentó nuevamente esta adaptación, siguiendo el deseo expresado por el presidente de la Republica durante el Segundo Congreso en el marco del sexagésimo aniversario de la institución. Los resultados de este intento son bien conocidos.

El Estado dominicano ha formulado diversas políticas de desarrollo rural, aunque suelen estar integradas dentro de un marco más amplio de políticas agropecuarias y de desarrollo territorial. En consecuencia, la Ley 1-12 establece principios de sostenibilidad y equidad que el IAD, en su calidad de órgano operativo, debe aplicar para garantizar su ejecución efectiva. No obstante, la propuesta de fusión con el Ministerio de Agricultura—ente normativo del sector agropecuario—pone en riesgo su autonomía y función estratégica.

La preocupación sobre esta posible fusión no es aislada; diversas personalidades han manifestado su desacuerdo a través de plataformas de opinión nacional. En línea con posturas expuestas en escritos anteriores, es imperativo reformular el modelo actual de los programas de reforma agraria, ajustándolo estrictamente a la Ley 5879-62 y sus modificaciones. Solo así se podrá garantizar un desarrollo rural efectivo en aspectos fundamentales como: (a) Fortalecimiento de la producción agropecuaria, asegurando mayor competitividad y sostenibilidad; (b) Descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales, permitiendo una gestión eficiente de recursos; (c) Protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos naturales, en el marco de una economía agraria responsable; (d) Mejoramiento de la infraestructura rural, asegurando acceso a servicios esenciales para las comunidades; (e) Inclusión social y reducción de la pobreza, promoviendo bienestar y oportunidades para pequeños productores.

Por encima de todo, el desafío no solo radica en la modernización institucional, sino en el compromiso político para garantizar que la Reforma Agraria no sea solo un ideal jurídico, sino una realidad concreta que impulse el desarrollo rural sostenible. La redefinición del modelo no es solo deseable, sino necesaria para que una institución con seis décadas de historia pueda cumplir eficazmente su propósito sin diluirse dentro de estructuras normativas que la distancien de su función operativa.